La renovación de los vehículos contaminantes de titularidad estatal está en marcha. El Gobierno va a comenzar a sustituir los transportes que no encajan con su apuesta por las cero emisiones, y que implica ‘sacrificar’ los coches y otros automóviles con una antigüedad superior a los diez años. La medida implicará el fin de la circulación de 5.794 vehículos. Todos ellos cumplen con el requisito para ser sustituidos de tener una matriculación superior a los 10 años. Además, la mayoría son de motorización diésel. Lo que les convierte en objetivo de todas las propuestas de lucha contra el cambio climático y en defensa del medio ambiente que la coalición de PSOE y Unidas Podemos llevan a gala. Es decir, se dirá adiós al 15,98% de los 36.242 automóviles de los que dispone el Estado. Un coste para el que se utilizarán 100 millones de euros que el Ministerio de Hacienda tenía reservados desde el verano para esta modernización. Por lo que el coste medio de cada transporte se situará en los 18.000 euros.
De esos más de 36.000 vehículos, cifra recogida en la memoria de 2019 del Registro Oficial de Vehículos, forman parte los 704 coches oficiales del Parque Móvil del Estado. Es decir, los utilizados por los altos cargos o los mandatarios extranjeros. Como ya publicó este medio, la futura Ley del Clima obligaba a prescindir de hasta 320 de ellos, un 54% del total, por ser contaminantes. Por lo que todos ellos entrarán en esta renovación progresiva planeada por el Ejecutivo. El 46% restante sí utilizan energías limpias y sostenibles que cumplen con las exigencias que se autoimpone la coalición de PSOE y Unidas Podemos. En concreto, el Estado dispone de 168 Ford Mondeo híbrido (gasolina), 145 Toyota Prius Híbrido (gasolina) y 10 Renault Zoe 100% eléctricos etiqueta cero de la DGT. Además, los últimos modelos adquiridos fueron cuatro coches Ford y uno de Renault.
En la primera fase de este plan se han estudiado 1.518 solicitudes de renovación de flota que han presentado las empresas públicas, de las que cerca de 1.100 ya han sido aprobadas, según confirman fuentes del Ministerio. Todas esas peticiones han tenido que pasar por el examen por la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación de Hacienda, que es la que autoriza las compras. Y según Moncloa, la idea es proceder a los cambios “a corto plazo” para que los nuevos vehículos den servicio a la estructura del Estado cuanto antes. Todos ellos tendrán etiqueta cero, por lo que se cumplirá con la máxima de que sean ecológicos y se evitará que contribuyan a aumentar los graves problemas de polución que sufren numerosas ciudades españolas.
La inversión también será ambiciosa. El Ministerio de Hacienda contará con hasta 100 millones de euros que reservó en verano para afrontar los objetivos planteados, que se repartirán entre el segundo semestre de 2020 y todo 2021. La idea es que todos los ministerios se aprovechen de dicha medida, con un primer tramo ejecutándose antes de que acabe este año a través de una compra centralizada de entre 20 y 25 millones. “Los vehículos que se compren serán entregados a final de año y serán todos híbridos y eléctricos que sustituirán a vehículos diésel. En su mayoría serán vehículos industriales o turismos para servicios generales”, señalan fuentes de Hacienda. La duda está en cuántos de ellos se comprarán en propiedad y cuántos se adquirirán a través de ‘renting’ o ‘leasing’, ya que las administraciones han empleado habitualmente estas fórmulas en los últimos años.
Dentro del plan anunciado por Sánchez
Con este impulso, las empresas públicas, los ministerios y el resto de departamentos que dependen de la Administración central contarán con recursos de movilidad modernizados y no contaminantes. Entre las firmas estatales beneficiarias podrán estar Correos, Aena, Paradores o Navantia, como apuntan fuentes del Ministerio de Hacienda a esta redacción. “En esos 36.242 hay vehículos de trabajo de empresas públicas que evidentemente son de titularidad pública, pero que son necesarios para ejercer su trabajo”, destacan las mismas fuentes. Solo los vehículos de Correos, que es la empresa pública más grande del país, ascienden a 14.000, señalan desde Hacienda. Por lo que la firma que preside Juanma Serrano apunta a ser una de las más agraciadas por la medida.
Esta iniciativa forma parte del ‘Plan de Impulso a la cadena de valor de la Industria de la Automoción’ que diseñó el Ejecutivo para ayudar a un sector que considera “imprescindible” tras el paso de la pandemia de coronavirus. Una estrategia que fue presentada en un gran acto por el propio presidente, Pedro Sánchez, y que suponía movilizar hasta 3.750 millones de euros para respaldar a este ámbito y facilitar que el país tuviera muchos más coches cero emisiones. El fin no es otro que reducir los niveles de contaminación en todas las ciudades, a la vez que reactivar la compra de estos bienes por parte de ciudadanía y empresas. Y Moncloa no quiere quedarse atrás en sus propios planteamientos. Ni siquiera en plena incertidumbre económica y con dudas sobre si lograrán aprobar nuevos Presupuestos en 2021.
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Fuente: La Información